El dictamen del magistrado emérito Francisco Picazo sobre el DAO de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, es demoledor para el individuo que ha optado por ponerse al servicio de los políticos del sanchismo antes que al cuerpo que tiene el honor como divisa. Picazo le aplica sin dudarlo el artículo 408 del código penal que sanciona a la autoridad o funcionario público que dejara intencionadamente de perseguir los delitos de los que por razón de su cargo tuviera noticias, con pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, por lo que, mi general, dice uno de los mayores expertos en Derecho Penal en nuestro país, le veo sentado en el banquillo de los acusados.

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