La indignación del magistrado emérito es absoluta después de comprobar la ausencia total de vergüenza, del mínimo pudor y del mínimo rigor que debería mover a cualquier profesional de la judicatura por la no abstención de María Luisa Segoviano Astaburuaga en el conocimiento del recurso interpuesto por Álvaro García Ortiz ante el tribunal de garantías contra la sentencia dictada por la sala segunda del tribunal supremo. La sentencia del magistrado emérito Francisco Picazo no puede ser más contundente: «Hay que suprimir el Tribunal Constitucional», convertido ya en un mero antro al servicio de los peores políticos, por una sala de garantías del tribunal supremo integrada como tal por miembros de la carrera judicial independientes y ajeno a los vaivenes oportunistas de la política y de los políticos.

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