Antes de la bochornosa y posiblemente mucho más grave que negligente respuesta a la catástrofe de las riadas de Valencia, algunos ya habíamos denunciado que España era un estado fallido, certificado desde el momento en el que el garante sancionó la inconstitucional amnistía. Después de la catástrofe de las riadas, numerosos comentaristas y analistas se sumaron a la calificación de España como un estado fallido tras ver la parálisis administrativa de unos responsables institucionales que abandonaron a su suerte a sus ciudadanos. Pero hasta llegar a la bochornosa respuesta que los responsables de las diferentes administraciones, empezando por el gobierno de la nación a la catástrofe de Valencia, que dejó en evidencia hasta que punto nos habíamos convertido en un Estado fallido, hubo un proceso de deterioro progresivo que tuvo su inicio en 2004 con la llegada de Zapatero, el blanqueamiento de los terroristas y el cordón sanitario al PP, entonces única oposición, y continuó con un momento clave ya con Rajoy en Moncloa. Fue el momento en el que el 9N de 2014 se celebró el primer referéndum ilegal de Artur Más con urnas de cartón.

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