Los investigadores de la Guardia Civil han podido determinar que el 23 de octubre, ocho días después de que el Supremo abriese una causa contra García Ortiz y una semana antes de que los investigadores registraron el despacho del fiscal general, éste cambió de teléfono. Se trata de una cazada monumental que impide de todas todas que pueda seguir en su cargo como si nada el fiscal general pues no deja de ser una forma de obstruir la acción de los investigadores. Ya un grupo de fiscales había expresado sus sospechas de que el fiscal general hubiera cambiado de teléfono móvil. El PP ha reclamado que el fiscal general sea «cesado fulminantemente» por su «intento de ocultar pruebas» al cambiar de móvil. La cazada de la UCO es un escándalo monumental digna de un país bananero. Si no es cesado el fiscal el escándalo adquirirá un carácter de desafío a la Democracia. No puede seguir un fiscal general en su cargo imputado e intentando poner trabas a los investigadores retirando de la circulación un móvil que era básico en la verificación de los hechos por los mensajes que pudiera contener.

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