El tribunal supremo ha puesto en su sitio al imputado fiscal general del Estado enviando a la Guardia Civil a su despacho para requisar su móvil y los diferentes dispositivos electrónicos de su despacho que ha sido objeto de un registró minucioso. Por primera vez en la historia de España estamos asistiendo a un bochorno sin precedentes. El imputado ha sido emplazado por el gobierno para que se busque un abogado ante los claros indicios de revelación de secretos del fiscal sanchista. Si no dimite estará dejando a la institución por los suelos, confirmando que estamos en la República Bananera de Sánchez, aunque el Rey le reciba con la mejor de sus sonrisas.

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