Una de las anomalías constitucionales que más desapercibidas pasaron fue la de la proposición por parte del Rey para la investidura de Pedro Sánchez sin haber tenido contacto alguno con los representantes de los grupos que apoyaban al sátrapa, todos ellos enemigos de España y por supuesto de la monarquía constitucional. De tal forma que Felipe VI tuvo que fiarse de la palabra de Pedro Sánchez en contra de lo que con toda claridad marca la Constitución Española en su artículo 99/1 que, textualmente, dice lo siguiente: «Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, PREVIA CONSULTA con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno».

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